*Son presionados para que dicten sentencias a modo o por encargo cuando se trata de casos que revisten interés genera
La directora de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, denunció que los miembros del Poder Judicial mexicano son presionados para que dicten sentencias a modo o por encargo cuando se trata de casos que revisten interés general.
Reneaum Panszi presentó el informe ‘Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México’, en el que demuestra la manera en que la policía de todo México detiene arbitrariamente de forma rutinaria a personas para extorsionarlas, les siembran pruebas falsas para vincularlas con la delincuencia, y castigan a personas por su activismo de derechos humanos, también deja al descubierto el lado oscuro de la impartición de justicia.
El informe se basa en entrevistas confidenciales con 25 agentes de policía y miembros del sistema de justicia, entre ellos agentes del Ministerio Público, quienes admitieron que sufrían presiones de sus superiores, e incluso del poder ejecutivo, para que dictaran determinadas sentencias en casos destacados.
Señaló que una muestra de la ‘justicia por encargo’ es que los miembros del poder judicial no suelen cuestionar la fuente de las pruebas que les presenta la policía, pese a que saben que, en muchos casos, los agentes colocan pruebas para incriminar a personas, especialmente en delitos relacionados con robos, armas y tráfico de drogas.
Dijo que, en junio de 2016, México implementó en todo el país un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que otorgaba a la policía poderes adicionales para llevar a cabo investigaciones y pretendía acelerar las investigaciones penales.
Sin embargo, en la práctica, la ley no se está implementando debidamente, y muchos policías no cuentan con formación adecuada y no respetan el principio básico de la presunción de inocencia: un derecho humano fundamental.
“En una escandalosa admisión, un policía dijo a Amnistía Internacional que no veía la importancia de hacer que los detenidos conocieran sus derechos. Esto refleja la actitud de un gran número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, de forma descarada y sin ningún arrepentimiento, violan los derechos humanos de las personas con las que interactúan”.